A empresarios como Germán Larrea, Claudio X. González Laporte y Alberto Bailleres les inquieta que un eventual arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia termine con los privilegios fiscales de los que han gozado durante los últimos años. Su temor no es infundado, pues en 2009 legisladores cercanos al actual candidato de Juntos Haremos Historia presentaron una iniciativa de ley encaminada a terminar con esas prebendas de la élite empresarial, que en dinero suman cientos de miles de millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 2008, las 400 empresas más grandes del país debieron pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 850 mil millones de pesos por concepto de impuestos. Sin embargo, gracias a la llamada consolidación fiscal, sólo declararon 85 mil millones, es decir, sólo el 10%.
A su llegada a la Presidencia, Enrique Peña Nieto prometió acabar con los privilegios fiscales, pero únicamente logró acotarlos a través de la reforma fiscal en septiembre de 2013.
Meses antes de conocerse la propuesta fiscal, el 3 de febrero de ese año, Claudio X. González Laporte, entonces presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –que en 2014 se transformó en Consejo Mexicano de Negocios tras el ingreso de Blanca Treviño de la Vega–, hizo pública su oposición a terminar con los beneficios en materia tributaria, ya que desde el 13 de septiembre de 2009 diputados afines a Andrés Manuel López Obrador habían presentado una iniciativa en San Lázaro para terminar con las prebendas fiscales de las que gozaban esos empresarios.
Hoy, a dos semanas de la jornada electoral del 1 de julio el tabasqueño es el mejor posicionado de los candidatos presidenciales. Si llega a Los Pinos y decide retomar su propuesta de hace nueve años, empresarios como Germán Larrea, de Grupo México; Claudio X. González, de Kimberly Clark; Alberto Bailleres, de Palacio de Hierro, y muchos otros dueños de las 400 empresas más grandes del país verían minados sus privilegios.
Abel Hibert, quien encabezó el diseño del programa económico del candidato de Juntos Haremos Historia, aclaró que aún no definen cuáles privilegios eliminarían, pues cada rubro es un esquema relacionado con una ley. No obstante, aclaró que se trata de una suma “muy importante del presupuesto y hay que revisar cómo se puede reducir dentro del marco legal”.
Los consentidos
Desde 1973, el gobierno mexicano decidió otorgar a los empresarios privilegios fiscales con el objeto de incentivar la producción y apoyarlos para la generación de empleos. Nació así un régimen tributario que incluye exenciones, subsidios y créditos fiscales, así como condonaciones, facilidades administrativas, estímulos y la consolidación fiscal.
Esta última consiste en permitir a los empresarios unificar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de varias de sus empresas, compensando las pérdidas de unas con las ganancias de otras, a pesar de que legalmente estén separadas. Y dentro de esos privilegios están los “impuestos diferidos”, es decir, los pagos en plazos.
Y aun cuando en el Pacto por México firmado en diciembre de 2012 Peña Nieto y los dirigentes del PRD y el PAN, Jesús Zambrano y Gustavo E. Madero, respectivamente, incluyeron como punto 72 la eliminación de los privilegios fiscales, sólo lograron acotarlos.
